Últimas Noticias – Caracas, 7 de octubre de 2023. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suspendió una medida cautelar que desalojaba a tres adultos mayores de inmuebles alquilados por ellos en el edificio Dautar, situado en Las Mercedes, municipio Baruta (Miranda), según sentencia 1.375, redactada por el magistrado Luis Damiani Bustillos.
Esa decisión de desalojar a los adultos mayores Betty Rodríguez de Quintero, Jhon Rafael Quintero Rodríguez y Mariela Alejandra Reyes Hernández, fue tomada por el Tribunal 20 de Control del Área Metropolitana de Caracas el 6 de septiembre pasado.
El mencionado tribunal actuó a petición de la Fiscalía 6ª de Caracas, que imputó a los adultos mayores por la presunta comisión de los delitos de invasión y agavillamiento.
La Fiscalía 6ª actuó movida por una denuncia interpuesta por Alí Salim Abdul Hadi, quien se presentó como apoderado de la Asociación Civil Solidaridad y Sanidad Onlus, presunta dueña del edificio.
Ante esa situación, los abogados de los adultos mayores solicitaron a la Sala Constitucional avocarse al asunto aduciendo que ellos fueron denunciados falsamente toda vez que “no son invasores y sí son poseedoras legítimas de los inmuebles”.
Los magistrados analizaron las denuncias de los adultos mayores y concluyeron que existe “la posible transgresión del orden público constitucional, en el marco de los principios fundamentales que informan el sistema de justicia venezolano”.
Es por ello que los magistrados acordaron admitir la solicitud de avocamiento “en aras de determinar, efectivamente, si en el presente caso existe una vulneración al orden jurídico constitucional que pudiera afectar la imagen de los órganos jurisdiccionales”.
En consecuencia, la Sala ordenó al Tribunal 20º de Control de Caracas la inmediata remisión del expediente abierto contra los tres adultos mayores imputados de invasores. Los magistrados prohibieron realizar cualquier actuación procesal en ese expediente.
Y en virtud de “las graves denuncias formuladas en relación con la actuación del Ministerio Público y de los jueces que conocieron la presente causa, se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al Ministerio Público, la Comisión Judicial y la Inspectoría General de Tribunales, a los fines que de ser el caso, ejerzan sus competencias por la posible afectación a la transparencia, credibilidad, imparcialidad y la dignidad del Sistema de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela”.
