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Senadores de Estados Unidos en declaracion bipartidista exigen el Cierre de los Centros de Tortura y sanciones a violadores de derechos humanos en Venezuela.

Los senadores estadounidenses Bill Cassidy, M.D. (R-LA), Ben Cardin (D-MD), y Marco Rubio (R-FL) emitieron una declaración conjunta sobre la persecución política por parte del régimen de Nicolás Maduro y exigieron que se cierren todos los Centros de Tortura en Venezuela. Lo anterior se materializa en el marco de una cruda represión y persecución no sólo contra miembros del equipo de la líder de la oposición María Corina Machado, sino también contra todo aquel que decida disentir de la dictadura venezolana.

Lo anterior supone un hito importante, ya que es la primera vez que senadores norteamericanos en una declaración conjunta y además, bipartidista, exigen el cierre de los centros de tortura en Venezuela, y en añadidura, hacen un llamado a la Casa Blanca para la toma de medidas concretas que permitan responsabilizar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. 

No hay que perder de vista que la Misión Internacional Independiente ha identificado múltiples centros de tortura en Venezuela, incluyendo El Helicoide, La Tumba y la sede del DGCIM, así como otras 17 casas clandestinas de tortura en toda el área metropolitana de Caracas. Además, Venezuela ostenta el desafortunado título de ser el primer país en América Latina bajo investigación (recientemente reanudada) de la Corte Penal Internacional.

Desde 2014 hasta la actualidad, aproximadamente, se han cometido 15.810 detenciones arbitrarias y se han registrado desde el año 2013 hasta el 2022, un total de 1.599 actos de tortura y actualmente, se estima que hay alrededor de 280 presos políticos en las cárceles y centros de tortura de Venezuela.

Los senadores en su declaración concluyeron que será fundamental que la administración Biden imponga sanciones individuales a los funcionarios involucrados en la detención, el juzgamiento y la tortura sistemática de los prisioneros políticos en Venezuela; incluidos jueces, empleados, guardias de prisiones, interrogadores y cualquier persona que haya desempeñado un papel en tales acciones.