El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Dan Caine, llegaron la mañana de este lunes a Puerto Rico, tras el despliegue naval norteamericano en el Caribe para combatir el narcotráfico.
La gobernadora de la isla, Jennifer González, recibió a los altos funcionarios en la Base Aérea Muñiz.
«Agradecemos al presidente Trump y a su administración por reconocer la importancia estratégica de Puerto Rico para la seguridad nacional de Estados Unidos y por su lucha contra los carteles de la droga y el narcodictador de Nicolás Maduro», acotó González en su cuenta en X.
Entre tanto, el secretario de Guerra se dirigió a los cerca de 300 soldados con un mensaje claro de apoyo de parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y del Departamento de Guerra en sus misiones, en especial en este enfoque de combatir el narcotráfico en el Caribe.
«Los hombres y mujeres en nuestro Departamento serán los mejores preparados», dijo Hegseth, quien definió a los militares como «guerreros americanos», según el comunicado del Gobierno de Puerto Rico.
La visita coincide con las maniobras de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la isla, que incluyen desembarcos anfibios y operaciones de vuelo, y con el anuncio de que Washington desplegará diez aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico.
La gobernadora señaló que Puerto Rico es «la frontera de los Estados Unidos en el Caribe» y que la lucha contra el narcotráfico «va a posicionar ciertamente a la isla».
«Creo que estamos combatiendo por primera vez de raíz el problema, que es atacando de dónde viene la droga», añadió González.
El respaldo de la gobernadora a las políticas de Trump y a las maniobras militares en la isla no es compartido por otros partidos políticos ni por muchos ciudadanos.
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) exigió el pasado viernes la cancelación «inmediata» de cualquier plan de EE. UU. para «remilitarizar» a Puerto Rico, y presentó una resolución para que la Legislatura haga esta solicitud a Trump y al Congreso estadounidense.
El estatus político de Puerto Rico como Estado Libre Asociado a EE. UU., establecido en 1952, otorga al archipiélago cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de Washington áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas.
Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos aumentaron en los últimos días, luego de que Washington vinculara al cartel de los Soles con Maduro y declarara a la organización como terrorista. También duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, a quien acusa de «violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos».
Hace dos semanas, la Casa Blanca admitió estar preparada para «usar todo su poder» contra el narcotráfico. En medio de este contexto, Trump ordeno movilizar buques de guerra en sur del mar Caribe frente a las costas venezolanas.
El pasado martes, la flota militar neutralizó una lancha que presuntamente iba cargada de droga desde Venezuela a Trinidad y Tobago.
Tal acción ha sido calificada por Amnistía Internacional como violatoria a las normas internacionales, por considerar que hubo exceso en la aplicación de fuerza.
El jueves, EEUU denunció que dos cazas F-16 de Venezuela volaron sobre uno de los navíos militares en aguas internacionales del Caribe.
Con información de AlbertoNews
