En tribunales de Estados Unidos se han reactivado procesos judiciales contra Nicolás Maduro y su círculo más cercano, acusados de presunto «narcoterrorismo, secuestro y tortura».
La Fiscalía describe al mandatario no solo como jefe de Estado, sino como líder de un «entramado criminal comparable a un cartel», en el que confluyen altos funcionarios, militares y empresas estatales venezolanas.
De acuerdo con el diario ABC, durante la Administración de Joe Biden muchos de estos casos permanecieron en pausa, mientras se privilegiaba la negociación política. Ahora, con la reapertura de expedientes, se detallan las operaciones de esta red criminal que, según la acusación, utilizó puertos, aeropuertos y rutas controladas por el Estado para coordinar envíos de cocaína hacia Estados Unidos, en alianza con las Farc.
El caso más reciente se tramita en un tribunal de Miami, donde las familias Kenemore y Marval, junto con Jason Saad, demandaron a Maduro y a otros altos funcionarios venezolanos bajo la Ley Antiterrorista Federal y la de Florida. Los demandantes relatan haber sido secuestrados entre 2020 y 2023 como represalia por la detención de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro extraditado desde Cabo Verde. Estuvieron privados de libertad entre 123 y 643 días.
El escrito judicial señala como responsables al denominado “cártel de los Soles”, integrado por mandos militares, y a la estatal Pdvsa y su filial CVP, empleadas, según la Fiscalía, como instrumentos de lavado de dinero. Entre los acusados se incluyen figuras clave del chavismo como Diosdado Cabello, Tarek William Saab, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino López.
En paralelo a las acusaciones por narcotráfico, las demandas en Florida incorporan un elemento adicional: la presunta utilización del «secuestro y la tortura de rehenes» como táctica de presión contra Washington. La ofensiva judicial acerca cada vez más a Maduro y a su entorno a una posible rendición de cuentas en territorio estadounidense.
Doble frente judicial
De esta manera, Maduro se enfrenta en Estados Unidos a un doble frente judicial: en Nueva York, un macroproceso penal abierto por la Fiscalía, que lo persigue como presunto «jefe del cártel de los Soles» responsable de inundar de droga el mercado estadounidense; y en Florida, una demanda en la que víctimas directas lo responsabilizan por «secuestros y torturas». Ambos procedimientos convergen en la misma idea: que el Estado venezolano, bajo el mando de Maduro, se convirtió en el sostén de una «organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la corrupción y el terrorismo».
Destructores al Caribe
Este giro coincide con el despliegue inédito de tres destructores Aegis frente a la costa venezolana, autorizado este agosto por Trump. Se trata de la primera demostración de fuerza de este tipo en el Caribe desde 2020, y responde a la estrategia de considerar el narcotráfico y las redes criminales venezolanas como amenazas terroristas. La medida marca un cambio respecto al primer mes del regreso de Trump, cuando aún se tanteaba una negociación con la dictadura, y refuerza la ofensiva judicial y militar contra Maduro.
En las causas abiertas en Estados Unidos, el cártel de los Soles no se presenta como un grupo abstracto, sino como una red concreta de jerarcas venezolanos a los que se atribuye haber convertido al Estado en una maquinaria criminal. Junto a Maduro, los fiscales y demandantes destacan a Diosdado Cabello, considerado uno de los jefes operativos del cartel, con capacidad de articular los envíos de droga y de garantizar protección política y militar a las Farc y a otros socios internacionales. Cabello, sancionado por el Departamento del Tesoro, fue acusado en la misma causa de narcoterrorismo en Nueva York y es descrito en informes de inteligencia como pieza central en la distribución de cocaína hacia Estados Unidos.
También figuran de manera destacada los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, ambos en posiciones de poder dentro del régimen; ella, como vicepresidenta. Según las demandas de Florida, los Rodríguez habrían usado sus cargos para facilitar operaciones de lavado de dinero y blindar institucionalmente a Maduro y al cártel. En la acusación se subraya que su papel no se limita al plano político, sino que han sido claves en mantener la estructura financiera y diplomática que permite al «cártel de los Soles» operar como una empresa criminal transnacional, combinando recursos estatales, redes de corrupción y apoyo a organizaciones armadas ilegales, eso además de ganarse el apoyo de mediadores internacionales como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
En la causa en Nueva York, el exjefe de Inteligencia militar Hugo ‘el Pollo’ Carvajal se declaró culpable en Estados Unidos de haber colaborado con las Farc y facilitado el «tráfico de cocaína», admitiendo su papel en el cártel de los Soles. El general Clíver Alcalá Cordones también aceptó cargos por apoyar con armas y logística a esa red criminal, lo que refuerza la acusación de que la cúpula chavista convirtió al Estado en parte de un cártel transnacional.
Tareck El Aissami, exvicepresidente ejecutivo de Venezuela y exministro de Petróleo, aparece señalado en expedientes de EE.UU. como parte del cártel de los Soles. Fue sancionado en 2017 por narcotráfico, acusado de usar Pdvsa para facilitar rutas y lavado de dinero en beneficio de Maduro y sus aliados, y arrestado después por la Fiscalía venezolana por traición, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.
Con información de AlbertoNews
