El Cooperante – Caracas, 29 de Enero del 2026. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) elevó la noche del miércoles a 303 el número de presos políticos excarcelados y reiteró su exigencia de “liberaciones masivas, públicas y transparentes”.
En su cuenta en X, la coalición opositora explicó que continúa recibiendo y procesando información antes de incorporarla a su registro oficial. “Seguimos recibiendo información y procesándola hasta verificar que efectivamente se haya materializado la libertad, para así poder agregarla al listado de excarcelaciones y publicar una nueva actualización lo antes posible”, señaló.
La PUD insistió en la necesidad de procesos amplios y verificables. “Exigimos procesos de liberación masivos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos”, subrayó.
El pasado 8 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció un proceso de excarcelación de un “número importante de personas”, sin detallar la cantidad ni las condiciones bajo las cuales se ejecutarían estas medidas.
El anuncio se produjo días después de que Delcy Rodríguez asumiera de manera encargada la presidencia, tras la captura de Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos, país con el que Caracas inauguró una nueva etapa de acercamientos, marcada principalmente por negociaciones en torno al sector petrolero.
Por su parte, la ONG Foro Penal, que contabilizaba hasta el domingo cerca de 800 presos políticos en el país, ha verificado 266 liberaciones desde el 8 de enero.
En contraste, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró el lunes que 808 personas han sido excarceladas desde “antes de diciembre” y reiteró que en Venezuela no existen presos políticos.
Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que el gobierno encargado de Venezuela está liberando a los presos políticos a un “ritmo acelerado”, por lo que agradeció lo que calificó como un “gesto humanitario”.
En una publicación en Truth Social, el mandatario señaló que las excarcelaciones continuarán aumentando en los próximos días. “Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y que este ritmo aumentará en los próximos tiempos. Agradezco a los líderes venezolanos por aceptar este poderoso gesto humanitario”, escribió.
En paralelo, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad presentó el martes un proyecto de ley de amnistía, compuesto por 12 artículos, con el objetivo de promover la “libertad plena” de los presos políticos.
El documento sostiene que la amnistía puede convertirse en “una herramienta poderosa para fomentar un procesamiento democrático y nacional del conflicto venezolano, restaurar la institucionalidad democrática e incluso generar consensos mínimos orientados a soluciones para el bienestar colectivo”.
Según el Comité, el objetivo es contribuir a un “procesamiento democrático, pacífico, constitucional y nacional de los conflictos políticos entre venezolanos, basado en el respeto mutuo, el reconocimiento de la dignidad y derechos de toda la población, el compromiso con el uso de medios pacíficos, políticos y legales, la búsqueda de justicia y la no repetición de hechos que perturben la paz y vulneren la dignidad humana”.
Destaca que la ley de amnistía “será insuficiente si no forma parte de una acción global del Estado”, que convoque a toda la sociedad y modifique las condiciones que provocaron el “desborde del conflicto político”. En ese sentido, propone “abrir las cárceles para quienes están privados de libertad por razones políticas, permitir la actividad pública de aquellos perseguidos y facilitar el regreso de los exiliados”, para que puedan reintegrarse a la sociedad y contribuir “pacíficamente” al bienestar colectivo.
La iniciativa aclara que la amnistía excluirá expresamente a quienes “estén investigados, procesados o condenados por graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o homicidios individuales o colectivos realizados con motivos políticos”.
Además, el proyecto contempla la creación de mecanismos “independientes y transparentes” para verificar que los beneficiarios cumplan los requisitos legales y que las instituciones del Estado “actúen dentro del estricto marco legal”, y propone la participación de actores nacionales e internacionales, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, representantes de los gobiernos de Colombia y Brasil, la Asamblea Nacional, las iglesias, universidades autónomas, así como los comités de familiares de presos políticos.
