Un nuevo vertido de crudo, atribuido a fallas en las instalaciones de PDVSA, fue detectado en las costas de Falcón y Carabobo. El incidente impacta playas del Parque Nacional Morrocoy y áreas turísticas cercanas a Puerto Cabello. De acuerdo con organizaciones ambientales y gremios de pescadores, este sería al menos el derrame número 35 registrado en lo que va de año en Venezuela, evidencia de una crisis estructural dentro del sector petrolero.
Habitantes de las zonas afectadas reportaron manchas oscuras sobre el agua, manglares cubiertos de crudo y un intenso olor a hidrocarburos, situación que ha paralizado las actividades pesqueras y recreativas en varias comunidades. “Es como si estuviéramos viendo al mar enfermarse frente a nosotros”, comentó un pescador local.
La ingeniera en gas y especialista en seguridad industrial María Gabriela Zambrano señaló que la recurrencia de estos hechos revela problemas sistémicos profundos: “No se trata de accidentes aislados, sino del resultado de años sin mantenimiento, ausencia de controles adecuados y falta de supervisión efectiva”.
Zambrano destacó que todavía es posible reducir el impacto ambiental si se actúa de inmediato mediante acciones como:
- instalación de barreras flotantes para frenar la expansión del crudo,
- activación de brigadas de limpieza en manglares y playas,
- monitoreo continuo de la calidad del agua y ecosistemas,
- comunicación transparente con las comunidades afectadas,
- y fiscalización estricta de las empresas responsables.
PDVSA, a través de un comunicado emitido varios días después del hecho, aseguró que el derrame “se encuentra bajo control” y que más del 80 % del litoral afectado ha sido saneado. La empresa negó la existencia de “rupturas en tuberías o fuentes activas de fuga” y atribuyó el evento a un “rebose de efluentes e hidrocarburos” en la franja costera occidental del país.
Hasta el momento, el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo no ha ofrecido declaraciones oficiales, aunque medios nacionales citan fuentes que afirman la activación de un plan de contingencia para reforzar la seguridad en los ductos marítimos.
“La respuesta no puede basarse en excusas ni en comunicados ambiguos”, subrayó Zambrano. “Se deben asumir responsabilidades, modernizar la infraestructura petrolera y exigir cumplimiento de estándares internacionales. De lo contrario, el Caribe venezolano seguirá pagando las consecuencias del abandono”.
Por su parte, críticos consideran insuficientes las explicaciones de la estatal. “No basta con decir que fue un pequeño rebose; deben presentar pruebas técnicas y sancionar a los responsables. Aquí está en juego la economía local y la vida marina, especialmente ahora que esperamos el nacimiento de miles de tortugas en peligro de extinción”, advirtió María Fernanda Goitía, activista ambiental del Parque Nacional Morrocoy.
