Monitoreamos – Caracas, 19 de Noviembre del 2024. Tras el anuncio del fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, de la revisión de 225 casos de presos políticos por las protestas postelectorales del 28 de julio, madres y familiares duermen en el suelo cerca de los centros de reclusión Yare III (Miranda), Tocorón (Aragua) y Tocuyito (Carabobo) esperando nuevas excarcelaciones, como ocurrió el fin de semana.
«No sabemos si van a salir, si van a quedar ahí. Salieron otros muchachos de la misma causa y no entiendo por qué no le dan la libertad a mi hijo«, detalló la madre de un adolescente detenido arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones poselectorales, en el estado Carabobo.
En el Internado Judicial de Carabobo, mejor conocido como cárcel de Tocuyito, un grupo de madres duerme encima de cobijas gruesas, afuera de una licorería cercana al penal. “Esto es horrible, no se lo deseo a nadie. A las 4:00 de la madrugada nos despertamos y nos movimos hasta una plaza cerca del penal, porque no nos dejan estar en frente esperando”.
Los familiares no disponen de dinero suficiente para costear un hotel, que en el caso de las adyacencias de Tocuyito ronda entre 20 dólares y 25 dólares la noche, o una habitación en viviendas cercanas al penal que cuestan entre 3 dólares y 5 dólares. Además, pagan 2 dólares cada vez que quieren ir al baño.
«Mi familia me pasa 5 dólares o 10 dólares para ayudarme porque ya no tengo dinero, yo duermo en la calle con otras mamás, porque si pago un hotel o una habitación no me alcanza para comer«, detalló una madre a la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La misma situación se repite en otros centros penitenciarios a donde se trasladaron los parientes, aunque no recibieron la llamada del defensor público que les impusieron, la cual les notifica que deben llevar una muda de ropa para esperar a los jóvenes afuera de la cárcel una vez recibieran la boleta de excarcelación. «Estoy aquí desde el sábado y no me quiero mover por si le dan la libertad a mi hijo«, contó una madre desde el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda.
En el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón, los familiares que no tienen dinero para pagar una habitación duermen afuera del recinto, en el piso. «Tenemos muchísima angustia, desde el sábado el director no volvió a salir y no sabemos nada», expresó.
Por otra parte, las madres y otros seres queridos de los adolescentes detenidos arbitrariamente en Caracas siguen a la espera de noticias tras el anuncio de Saab. La tarde del sábado, 16 de noviembre, recibieron llamadas de los defensores públicos para pedirles que se dirigieran al Palacio de Justicia; sin embargo, momentos después les notificaron la suspensión del proceso.
«El defensor nos dijo que ellos (los adolescentes) van a quedar para el próximo lote«, sin aclarar fechas. Mientras tanto, la espera de quienes permanecen tras las rejas es aún más desesperante, todos quieren ser excarcelados pero no hay información oficial acerca de quiénes serán los próximos.
Según el relato de los jóvenes excarcelados, sus compañeros los despedían entre lágrimas y gritos, anhelando que pronto sean llamados para retornar a sus hogares. Hasta ahora, hemos visto la liberación de algunas personas con condiciones especiales, como quienes padecen enfermedades graves; sin embargo, aún permanecen detenidas muchas más con patologías preocupantes. Incluso quienes ingresaron sanos están enfermando debido a las condiciones de reclusión.
Según relató el familiar de uno de los hombres recluidos en Tocorón, muchos de los detenidos están sufriendo ataques de pánico y ansiedad, lo que genera temor entre los familiares, ya que estas crisis podrían llevarlos a atentar contra sus propias vidas.
Asimismo, los familiares manifestaron su desconcierto al no entender los criterios que se utilizan para decidir quiénes son excarcelados y quiénes no. La falta de acceso a abogados de confianza les impide obtener información precisa sobre el proceso de cada detenido. Por ello, exigen al Gobierno nacional una explicación clara y detallada sobre los procedimientos que se están llevando a cabo.
Sobre estos casos, el director de la Humberto Prado, director del OVP, señaló: «La libertad de los presos políticos no es solo un acto de justicia, sino una reparación mínima a quienes nunca debieron estar tras las rejas porque son inocentes. No olvidemos que más de dos mil personas, entre adolescentes, hombres y mujeres, fueron encarcelados por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación».
«Son muchas las mujeres, madres y esposas, que han dejado sus hogares para luchar por la libertad de sus seres queridos. Algunas pasan noches enteras en las calles, esperando noticias, durmiendo en condiciones indignas mientras sueñan con el regreso de sus hijos a casa. El régimen de Maduro no puede seguir sosteniendo su mandato sobre la angustia y el dolor de las familias que claman justicia y libertad para sus seres queridos«, puntualizó el abogado y defensor de derechos humanos.
Prado también exigió la publicación de un listado oficial de las personas privadas de libertad que fueron excarceladas durante los últimos días, en cumplimiento con el derecho a la información establecido en el artículo 51 de la Constitución, que asegura que toda persona tiene derecho a dirigir peticiones ante las autoridades y recibir respuestas oportunas.
