Monitoreamos – Caracas, 13 de Noviembre del 2023. El Consejo Europeo renovó este lunes 13 de noviembre su sanción en contra de cuatro de los principales torturadores del régimen chavista, que son Carlos Alberto Calderón Chirinos, Hannover Esteban Guerrero Mijares, Alexander Enrique Granko Arteaga y Rafael Antonio Franco Quintero.
En el Diario Oficial de la Unión Europea (UE) se estableció que «el Consejo ha revisado las medidas restrictivas vigentes, de conformidad con el artículo 17, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/2063. Habida cuenta de dicha revisión, las medidas restrictivas contra todas las personas de la lista, a excepción de una persona que ha fallecido, deben prorrogarse hasta el 14 de mayo de 2024 y deben actualizarse los motivos de inclusión en la lista de dieciséis personas».
Calderón, Guerrero, Granko y Franco, quienes fueron incluidos por primera vez en la lista de sancionados de la UE el 27 de septiembre de 2019, forman parte de ese grupo de funcionarios a los cuales se les actualizó el motivo de sus sanciones.
Carlos Alberto Calderón Chirinos: Agente del comando de élite de la Policía Nacional de Venezuela (PNB/FAES). Exfuncionario de alto rango (al que se refieren como comisario general, director de El Helicoide y director de Investigaciones Estratégicas) del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Agentes de la Dirección de Investigaciones Estratégicas bajo su supervisión cometieron detenciones ilegales, actos de tortura y otros malos tratos, incluida la violencia sexual y de género. Responsable de graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas tortura, uso excesivo de la fuerza y maltrato de los detenidos en las instalaciones del SEBIN.
En particular, ha participado y es responsable de actos de tortura y trato cruel, inhumano y degradante de detenidos en El Helicoide, una prisión del SEBIN.
Segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la 35.a brigada de la Policía Militar desde 2019. Director de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas (DEIPC) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde noviembre de 2018 hasta agosto de 2019.
Como director de la DEIPC, supervisaba las instalaciones de la DGCIM en el centro de detención Boleita. Durante este período, agentes de la DGCIM en Boleita cometieron actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como violencia sexual.
Responsable de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por él mismo y por funcionarios bajo su mando, entre ellas tortura, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a los detenidos, especialmente en Boleita. Relacionado con la muerte del capitán Acosta Arévalo.
