Monitoreamos – Caracas, 22 de Octubre del 2024. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ofreció un curso para periodistas con el objetivo de «quitar la estigmatización de torturadores» que tiene este organismo del régimen de Nicolás Maduro.
Alexander Granko, director de Asuntos Especiales de la DGCIM, compartió en sus redes sociales un video del inicio de la capacitación, en la que participaron periodistas de la Agencia France-Presse (AFP), Telesur, Últimas Noticias, La Iguana, entre otros medios.
«La DGCIM es una institución joven, tiene 11 años recién fundada por el presidente Chávez (….) Hemos sido protagonistas de cualquier cantidad de actividades con el SEBIN y con la Policía. Muchos nos conocen y otros no nos conocen, y la idea de este curso es darnos a conocer con ustedes. Queremos quitar esa estigmatización que le han hecho a la DGCIM como torturadora. Nosotros les queremos enseñar a ustedes la verdad de qué somos«, afirmó Granko a los periodistas presentes.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado en sus informes que en la DGCIM se aplican patrones de tortura que incluyen:
Violencia física:
• Fuertes golpes con bates y objetos punzantes;
• Descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo;
• Asfixia con sustancias tóxicas y agua;
• Cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas;
• Esposas excesivamente apretadas;
• Posiciones de tensión conocidas como “el pulpo” y “crucifixiones”;
• Uso de un aparato llamado “señorita”, para levantar y deformar cuerpos y bajarlos a tanques de agua.
Violencia sexual y de género:
• Violación con objetos;
• Amenazas de violación;
• Desnudez forzada, incluso durante actos de tortura;
• Golpes dirigidos a los genitales;• Descargas eléctricas en los genitales;Condiciones de detención:
• Privación de alimentos y agua;
• Comer del suelo;
• Iluminación constante u oscuridad constante;
• Calor o frío extremos;
• Falta de acceso a los aseos;
• Denegación de tratamiento médico;
• Alimentación forzada de heces y vómitos.Violencia psicológica y otros
• Amenazas de muerte y de violación hacia la víctima y a sus familiares;
• Simulación o tortura real de otras personas detenidas;
• Períodos prolongados de aislamiento y confinamiento solitario;
• Administración de drogas supuestamente para obtener confesiones;
• Amenazas con animales vivos, incluso con perros.
¿Quién es Alexander Enrique Granko Arteaga, alias «Barba»?
También la ONU ha identificado a Alexander Enrique Granko Arteaga, alias «Barba», como uno de los principales torturadores del régimen de Maduro, responsable de las casas clandestinas de tortura que funcionan en Caracas.
Granko Arteaga nació el 25 de marzo de 1981 en Puerto Cabello, estado de Carabobo.
En agosto de 1998, tras licenciarse en ciencias, ingresó en la Escuela Básica de la Fuerza Armada Nacional como cadete de primer año y en 1999 ingresó en la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, donde se graduó en el año 2003 entre los primeros de su promoción, «Batalla Mata de La Miel».
Trabajó en el Comando Regional 9 en Puerto Ayacucho y en la cárcel del internado judicial de Carúpano, estado Sucre y luego se desempeñó como jefe de contrainteligencia a nivel nacional de la GNB en la Dirección de Inteligencia Militar de la Guardia Nacional.
Posteriormente, fue seleccionado para formar parte de la Guardia de Honor Presidencial de Hugo Chávez, donde formó parte del tercer anillo de seguridad durante tres años y forjó una estrecha amistad con Iván Rafael Hernández Dala, director de la DGCIM.
Durante su desempeño en la Guardia de Honor Presidencial, Granko Arteaga le pidió a Hugo Chávez que lo nombrara oficial de seguridad de una de sus hijas, y él accedió.
Comenzó su carrera en la DGCIM como capitán y asistente de la “Ayudantía”. Era quien «llevaba la maleta» de Hernández Dala y era el jefe de su escolta.
Por ser un hombre de confianza de Hernández Dala, en 2017 fue nombrado simultáneamente jefe de la Ayudantía General y de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE), considerado un “grupo de choque” que no figura en la jerarquía formal de la DGCIM.
Pero su relevancia dentro de la DGCIM aumentó aún más después de la masacre «El Junquito», donde dirigió la operación en la que resultó muerto el piloto Oscar Pérez junto con al menos otras seis personas el 15 de enero de 2018.
El 1 de julio de 2020 Maduro lo ascendió del grado de Mayor al de Teniente Coronel en la categoría de Oficial de Comando, y el 29 de agosto de 2022, Granko Arteaga fue vuelto a ascender en la DGCIM Boleíta, detentando el cargo de Director de la Dirección del Despacho.
Como jefe de la DAE, Granko Arteaga recibía órdenes directas del director general de la DGCIM, Hernández Dala. Pero también goza de gran cercanía con el propio Maduro, a quien ha reportado directamente.
Crímenes cometidos
La ONU ha concluido que durante el tiempo que Granko Arteaga ejerció como director de la DAE, al menos 52 personas fueron víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Además, la Misión tiene motivos razonables para creer que, durante este período, al menos 59 personas fueron detenidas arbitrariamente, al menos 13 personas fueron víctimas de desaparición forzada de corta duración y al menos 6 personas fueron víctimas de violencia sexual.
La Misión indicó que ha recibido pruebas de que, entre 2017 y 2022, Granko Arteaga ordenó, supervisó y participó directamente en arrestos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas, incluida la violencia sexual, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Al menos siete personas que fueron detenidas por la DGCIM durante el período 2017 a 2022 han señalado a Granko Arteaga como autor con participación directa en actos de tortura, violencia sexual y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Según estas víctimas, en muchas de las sesiones de tortura, Arteaga no se cubría la cara como otros funcionarios de la DGCIM.
Él mismo amenazaba a las víctimas, les propinaba golpes y les aplicaba otros medios severos de tortura, al tiempo que daba órdenes y supervisaba las acciones de sus subordinados.
Estas órdenes incluían actos de violencia sexual, como golpes y descargas eléctricas en los genitales de los detenidos y desnudez forzada.
Las acusaciones contra Granko no solo han sido documentadas por la ONU. Varios detenidos han podido denunciar ante tribunales venezolanos los abusos cometidos en su contra por este torturador.
Un exmilitar que fue detenido por la DGCIM declaró ante un juez en su audiencia preliminar que durante un período de unos 15 días, fue golpeado por Granko y otros funcionarios en la cara, le dieron patadas, lo golpearon con una tabla en los talones y las rodillas y lo asfixiaron con una bolsa.
Los agentes lo obligaron a grabar un video para incriminar a otras personas, y, cuando no lo hizo, continuaron con los actos de tortura.
Otro exfuncionario de la FANB detenido por la DGCIM declaró ante el tribunal que fue violado analmente con un palo de madera en la oficina de la DAE, por el mismo funcionario que lo había torturado a él y a otros detenidos durante varios días y que había hecho grabar videos a los detenidos.
Otro exdetenido en Boleíta le manifestó a la Misión que, tras ser detenido y trasladado a Boleíta, permaneció en una silla durante varias horas hasta que llegó Granko Arteaga, que dirigía la investigación.
Este grabó a la víctima y la interrogó en una oficina vacía, mientras estaba esposado y con la cabeza cubierta con cartón con cinta adhesiva y un pasamontañas. Luego le agarraron los pies y Granko Arteaga le dio un puñetazo.
La ONU también ha identificado a Granko como perpetrador de los actos de tortura y violencia sexual cometidos contra el capitán Juan Carlos Caguaripano mientras estaba en Boleíta.
Casas clandestinas La Misión de Naciones Unidas también recibió información de que Granko Arteaga está a cargo de los centros de detención clandestinos administrados por la DGCIM en diversas zonas de Caracas y sus alrededores, donde se trasladaba a prisioneros clave para torturarlos y/o extorsionarlos.
En particular, el represor es señalado de estar involucrado en el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo. Él, junto a otros detenidos, fueron llevados a una casa clandestina en las afueras de Caracas, ubicada en una zona de bajas temperaturas y vegetación montañosa.
En el exterior de los patios de esta casa había un cartel con las iniciales DAE. La Misión ha concluido que Granko Arteaga tiene responsabilidad en la tortura y posterior muerte del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrida en junio de 2019.
En otro caso, Granko es señalado de haber ordenado y participado en detenciones arbitrarias, incluyendo la detención arbitraria de familiares de detenidos.
Destaca el caso de la detención del Teniente Primero Franklin Caldera en febrero de 2021, para el que Granko Arteaga viajó a la frontera entre Venezuela y Colombia para llevar a cabo la detención, después de que Franklin Caldera fuera arrestado en Colombia.
Tras ser entregado a Granko, lo llevaron a una casa en el sector de La Mariposa, en Caracas, que ha sido descrita como «la casa número 1 de Granko», donde fue torturado durante 11 días.
En 2019, Granko Arteaga también participó en la detención de varios militares. Tras la detención, los detenidos fueron llevados a una zona boscosa donde fueron desnudados y obligados a caminar descalzos durante varias horas.
Los agentes de la DGCIM practicaron otros actos de tortura como asfixiarlos con una bolsa, colgarlos por las muñecas a un árbol y golpearlos con tablas en las nalgas.
Otro grupo de detenidos fue llevado por funcionarios de la DGCIM a una casa clandestina ubicada en una zona boscosa llamada La Mariposa, donde se encontraban Granko Arteaga y otros funcionarios de la DGCIM.
Los hombres permanecieron en el lugar durante seis días y al menos uno de ellos fue sometido a actos de tortura y otros maltratos en manos de los funcionarios de la DGCIM.
En el caso de la detención de Ariana Granadillo, documentado por la Misión en su informe de 2020, funcionarios de la DGCIM, armados con rifles y con el rostro cubierto, llegaron a la casa de la familia donde se encontraban Granadillo y sus padres. Fueron detenidos y llevados a una casa clandestina de tres pisos, desde la que se veía una zona montañosa a través de la ventana de la sala. Granadillo y su padre reconocieron que la zona estaba en el Fuerte Tiuna o cerca de este.
En esta casa, Granadillo fue torturada por una funcionaria, cuyo alias figura en los archivos de la Misión, e identificó a otro de los funcionarios presentes, que son subordinados de Granko Arteaga dentro de la estructura de la DGCIM.
Tráfico de armas y minerales
Granko Arteaga también es señalado de poseer importantes propiedades y estar implicado en el tráfico de armas y en la extracción ilegal de minerales en el estado de Bolívar.
Un exoficial de la DGCIM indicó que luego de la operación manos de metal del año 2018 en el estado de Bolívar, que tuvo por propósito erradicar a los grupos armados organizados de las áreas mineras, Granko Arteaga recibió áreas para la explotación de minería.
Granko Arteaga también está implicado en la extorsión de empresarios detenidos por la DGCIM y en el allanamiento de propiedades de personas adineradas. Un exdetenido en Boleíta fue llevado en al menos cinco ocasiones, bajo las órdenes de Arteaga, a una casa clandestina ubicada en la zona de Prados del Este en Caracas, donde lo obligaron bajo tortura a realizar transferencias bancarias de grandes sumas de dinero a las cuentas personales de Arteaga o de conocidos.
Sanciones internacionalesGranko Arteaga ha sido objeto de las siguientes sanciones internacionales debido a su papel en la perpetración de violaciones de los derechos humanos, las cuales siguen vigentes:
Estados Unidos: Congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibición de participación financiera de los estadounidenses (19 de julio de 2019).Reino Unido: Congelación de fondos y recursos financieros, prohibición de viajar (27 de septiembre de 2019).
Unión Europea: Congelación de fondos y recursos financieros y prohibición de viajar por las graves violaciones de los derechos humanos de los detenidos en la DGCIM, cometidas por él y por funcionarios bajo su mando.
