Monitoreamos – Caracas, 08 de Noviembre del 2024. Interpol recordó hoy que las reglas de la agencia policial internacional prohíben que sus mecanismos sean utilizados por razones políticas y no quiso comentar la demanda recibida por parte del régimen de Nicolás Maduro para que se lanzara una «alerta roja» contra el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.
Preguntado este viernes sobe esa solicitud del fiscal general del régimen del pasado 24 de octubre contra González Urrutia, un portavoz de Interpol respondió a EFE que no podía comentar «casos individuales».
No obstante, el portavoz también añadió que el artículo 3 de la constitución de la organización «prohíbe cualquier uso de nuestro sistema por razones políticas».
Tarek William Saab pidió que Interpol emitiera una «alerta roja» contra el que fue el rival de Nicolas Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio, que se encuentra exiliado en España desde comienzos de septiembre tras un acuerdo con el régimen chavista que le dio un salvoconducto para salir de Caracas.
La justicia chavista le imputa a González Urrutia supuestos delitos como usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, desconocimiento a las instituciones del Estado, complicidad en el uso de actos violentos contra la paz, difusión de información falsa desconociendo los resultados electorales, sabotaje o daños al sistema, asociación, legitimación de capitales.
Cómo funcionan las alertas de Interpol
El sistema de las «alertas rojas» de la agencia policial internacional es una forma de comunicar informaciones sobre personas a las que busca la Justicia de un país al resto de miembros para que sean detenidas si son identificadas.
Una parte de esas notificaciones son públicas y se pueden consultar en la página web de Interpol, pero hay otras que por razones de confidencialidad o para que puedan ser más efectivas únicamente transitan por las vías de transmisión internas a las que tienen acceso los servicios policiales de los 196 países miembros.
La organización somete a un filtro las demandas que le llegan de las autoridades de esos países, en particular para detectar aquéllas que pueden encubrir algún tipo de persecución política o violaciones de los derechos humanos.
