La oficina de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó que la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Venezuela previsto para el 7 de abril de 2025 ya no tiene vigencia. Explicaron que se mantiene vigente la extensión de 18 meses concedida en enero por el entonces gobierno de Joe Biden, que protegía a los venezolanos hasta el 2 de octubre de 2026.
La agencia indicó que “está cumpliendo con la orden del 31 de marzo de 2025 del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California y pospone la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Venezuela para la designación de 2023”.
El juez del Distrito Norte de California Edward Chen frenó esta semana la cancelación del TPS de Venezuela ordenada en febrero por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, en respuesta a una demanda interpuesta por venezolanos que resultarían afectados por la cancelación del TPS, acompañados por varias organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
En el fallo de 78 páginas, Chen escribió que la acción tomada por Noem amenazaba con causar un “daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente afectados”.
Chen también dijo que el gobierno no demostró “ningún daño compensatorio real al continuar el TPS para los beneficiarios venezolanos”.
El programa TPS es un beneficio temporal otorgado por el gobierno de Estados Unidos a ciudadanos de ciertos países por razones humanitarias. Los protege de la deportación mientras está vigente y otorga un permiso de trabajo válido mientras dura el amparo.
“Volvimos al 17 de enero de 2025”, dijo a Univision Noticias José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “A la prórroga emitida por el presidente Biden. Pero hay que estar pendiente de la evolución de la disputa jurídica que se mantiene en los tribunales de justicia».
USCIS explicó que, cumpliendo con la orden judicial del 31 de marzo, sigue en pie “la Notificación del Registro Federal del 17 de enero de 2025, que extiende la designación de TPS de Venezuela para 2023 del 3 de abril de 2025 al 2 de octubre de 2026”.
La agencia, que opera bajo el mando del DHS, dijo además que la orden judicial extiende hasta el 2 de abril de 2026 las autorizaciones de empleo bajo las categorías A12 o C19 y con fecha de vencimiento de la tarjeta del 10 de septiembre de 2025, el 2 de abril de 2025, el 10 de marzo de 2024 o el 9 de septiembre de 2022.
Guerrero explicó que los permisos de trabajo o autorizaciones de empleo de los titulares de los TPS de 2021 y 2023 «quedaron automáticamente extendidos (vigentes) hasta el 2 de abril de 2026”.
Pero advirtió que los beneficiarios del programa deben reinscribirse antes del 9 de septiembre y solicitar una nueva autorización de empleo.
Los argumentos del juez Chen
Las razones del juez Chen para frenar la cancelación del TPS de Venezuela, tanto el programa de 2021 como el de 2023, que en total protegen de la deportación a más de 500,000 ciudadanos de ese país sudamericano, indican que las acciones de la secretaria Noem tendrán consecuencias: “Los expone a una posible deportación inminente a Venezuela, un país tan sumido en la inestabilidad económica y política, que el Departamento de Estado ha clasificado como un país de ‘nivel 4: no viajar’ debido al alto riesgo de detenciones injustificadas, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria”.
La sentencia añade que “la medida sin precedentes de anular el TPS vigente (una medida nunca tomada por ninguna administración anterior en los 35 años del programa), iniciada tan solo tres días después de que la secretaria Noem asumiera el cargo, revierte las tomadas por la administración Biden para extender la protección temporal de los ciudadanos venezolanos, vigente desde 2021”.
Ante este escenario, el tribunal consideró que la acción de Noem “amenaza con causar un daño irreparable a cientos de miles de personas, cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente afectados; costará a Estados Unidos miles de millones de dólares en actividad económica; y perjudicará la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”.
La sentencia agrega que “al mismo tiempo, el gobierno no ha identificado ningún daño compensatorio real al mantener el TPS para los beneficiarios venezolanos”. Y que los demandantes también han demostrado que probablemente lograrán probar que las acciones de la secretaria del DHS “no están autorizadas por ley, son arbitrarias y caprichosas, y están motivadas por una animadversión inconstitucional”.
“Por estas razones, el tribunal concede la solicitud de los demandantes de posponer las acciones impugnadas hasta que se resuelva el fondo del caso”, finaliza la orden.
