Alberto News – Caracas, 22 de Marzo del 2025. El gobierno de Estados Unidos reanudó este jueves el envío a la base naval de Guantánamo de inmigrantes venezolanos presuntamente relacionados con la pandilla Tren de Aragua, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en exclusiva a Univision Noticias. Esto ocurre en momentos en que hay demandas pendientes contra el gobierno federal para evitar el traslado y la detención de personas en este centro.
«Ayer, DHS envió una vez más a peligrosos miembros de pandillas y extranjeros ilegales fuera de suelo estadounidense, a la bahía de Guantánamo», confirmó este viernes a Univision Noticias Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Aseguró que se trata de personas que el gobierno ha relacionado con la pandilla venezolana Tren de Aragua.
McLaughlin no precisó de cuántas personas se trataba. Pero el diario The New York Times reportó el jueves que unas 20 personas salieron a bordo de un vuelo charter desde El Paso, Texas, a Guantánamo.
Este traslado marca el primer envío de venezolanos después de que el centro fuera vaciado y 40 migrantes fueran llevados a un centro de detención de Louisiana a mediados de mes. Para entonces, dos funcionarios habían asegurado a la agencia AP que no descartaban nuevos traslados.
La transferencia de estos migrantes ocurre en momentos en que están en marcha dos demandas en menos de un mes para frenar el envío de más migrantes hacia la base naval.
La mayor evidencia del gobierno: los tatuajes
Aunque el gobierno ha catalogado a los migrantes enviados a Guantánamo como de alta peligrosidad y los ha acusado de ser miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, hasta ahora no ha mostrado evidencia de una operación consolidada de la banda en Estados Unidos.
En los casos reporteados por Univision, los abogados han asegurado que los inmigrantes fueron fichados sin evidencias. En la mayoría, en sus contactos con agentes de inmigración fueron interrogados sobre sus tatuajes y esas conversaciones quedaron sentadas en documentos que luego son usados en audiencias migratorias para catalogar a los migrantes como un riesgo para la seguridad nacional. Ese elemento ha sido una constante en los casos revisados por nuestro equipo y con los que el gobierno federal ha mantenido a personas bajo detención migratoria. Con ello también ha justificado deportaciones, traslados a Guantánamo y, ahora, a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, el Cecot.
Entre los tatuajes, tanto el gobierno federal como gobierno locales —incluido el de Texas— han asegurado que tatuajes de coronas, de frases como ‘real hasta la muerte’, de flores y con la silueta de Michael Jordan son parte de la simbología de esta banda venezolana, que nació y operó por años en una prisión del centro de Venezuela bajo la mirada de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
Bajo condición de anonimato, funcionarios venezolanos de inteligencia que estuvieron vinculados a investigaciones contra miembros del Tren de Aragua explicaron a Univision Noticias que mientras la banda tuvo sus operaciones en esta cárcel, no quedó registrada una simbología de tatuajes, como la que reporta Estados Unidos.
En este video que hicimos en octubre de 2024, mostramos cómo países de América Latina han investigado y probado la presencia y operaciones de la banda en sus territorios sobre la base de los delitos cometidos por sus miembros:
Además de Guantánamo, el Cecot
El gobierno, además, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1978 al alegar una invasión de la pandilla en Estados Unidos. Ese supuesto —cuestionado por expertos— le otorga amplios poderes al gobierno para deportar a extranjeros sin que tengan la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o un tribunal federal. Con ese instrumento en mano, envió a más de 200 venezolanos presuntamente vinculados con el Tren de Aragua al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo en El Salvador, el Cecot, inaugurado hace tres años por el presidente Nayib Bukele para recluir a miembros de pandillas como la MS y Barrio 18.
La transferencia bajo el uso de esa ley prosiguió pese a la orden del juez federal James Boasberg para devolver los vuelos a Estados Unidos y frenar cualquier deportación bajo ese recurso. Ahora el gobierno —que cuestiona la decisión al asegurar que «carece de base legal»— tiene hasta el próximo martes para explicarle a la corte la operación, en un enfrentamiento entre poderes con el que expertos vaticinan una crisis constitucional.
“Invocarla (la Ley de Enemigos Extranjeros) en tiempos de paz para eludir la ley migratoria convencional sería un abuso asombroso”, escribió el Centro Brennan para la Justicia, que la consideró como “contraria a siglos de práctica legislativa, presidencial y judicial”. “Las detenciones sumarias y las deportaciones bajo esta ley contradicen la comprensión contemporánea de la igualdad en las protecciones y el debido proceso”, agregó.
El régimen de Nicolás Maduro ha catalogado este envío de migrantes a El Salvador como «un secuestro». Sus voceros dijeron que contrataron a abogados en el país centroamericano para devolver a los migrantes a Venezuela.
El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Diosdado Cabello, dijo en una alocución que de todas las personas deportadas desde Estados Unidos a Venezuela sólo 18 tenían «cuentas pendientes» con la justicia de ese país: Siete del primer grupo, ocho del segundo y uno que vino de México», dijo en una rueda de prensa tras recibir a 300 repatriados desde México este jueves.
Negó que entre todos los deportados alguno tuviera relación con la banda Tren de Aragua.
