La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó la noche del martes al general en jefe Gustavo González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en sustitución del mayor general Javier Marcano Tábata.
Rodríguez expresó su reconocimiento a Marcano Tábata por la “entrega y lealtad” demostradas durante el ejercicio de sus funciones, y destacó su compromiso con la seguridad de la Nación y la estabilidad institucional.
Asimismo, auguró el «mayor de los éxitos» a González López en el desempeño de sus nuevas responsabilidades, al tiempo que ratificó su confianza en su «trayectoria profesional y vocación de servicio, enmarcadas en la fusión popular-militar-policial y la doctrina bolivariana de defensa integral».
Según el pronunciamiento oficial, estas designaciones se inscriben en la dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional impulsada por el Ejecutivo, con el ‘objetivo de garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de Venezuela».
La designación de González López ocurre en un escenario político, institucional y militar de máxima tensión, tras la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela el pasado 5 de enero, apenas dos días después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante la operación militar ejecutada por Estados Unidos en Caracas y otros estados del país.
Rodríguez asumió el cargo por convocatoria del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un acto encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el que prometió no descansar “ni un minuto para garantizar la paz” ante lo que calificó como “horas terribles de amenazas contra la estabilidad”.
El ataque ejecutado el 3 de enero dejó al menos 32 ciudadanos cubanos fallecidos, quienes —según el Gobierno— «participaban en misiones de cooperación y defensa institucional» en el marco de acuerdos bilaterales entre Caracas y La Habana.
El Ejecutivo ha denunciado que la operación estadounidense constituye una “agresión armada ilegítima y una grave violación del derecho internacional», al tiempo que «responsabiliza» directamente a Washington por las muertes registradas.
Con información de El Cooperante
