El gobierno de Gustavo Petro reconoció oficialmente que 38 ciudadanos colombianos «permanecen privados de libertad en Venezuela bajo custodia de Nicolás Maduro».
La información fue revelada por la Cancillería en respuesta a una solicitud pública hecha por el abogado Andrés Soto. El documento detalla que entre los detenidos se cuentan 35 hombres y 3 mujeres, pero no se especifica en qué condiciones se encuentran.
De acuerdo con la comunicación, las autoridades venezolanas «no han proporcionado información sobre los cargos que se les imputan, los tribunales a cargo de los procesos, los centros de reclusión donde están confinados ni las fechas de sus detenciones».
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que Caracas «ha bloqueado sistemáticamente los esfuerzos consulares colombianos, impidiendo visitas in situ, el acceso a expedientes judiciales y cualquier posibilidad de brindar acompañamiento legal a los connacionales presos».
Por otra parte, el organismo reiteró su rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, citando «graves denuncias de violaciones a los derechos humanos y falta de transparencia en el proceso electoral».
Según el texto, la postura del gobierno colombiano se alinea con las advertencias hechas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los cuales han señalado múltiples «irregularidades en el contexto electoral y represiones sistemáticas contra la oposición y la sociedad civil».
A pesar de estas dificultades, el gobierno colombiano aseguró que continúa llevando a cabo gestiones ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela para obtener información oficial sobre el paradero y la condición de sus ciudadanos detenidos, en cumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.
Con información de El Cooperante
