Detenciones arbitrarias, intimidación a través de internet y redes, así como desapariciones forzadas y cierre del espacio cívico, son parte de las conclusiones a las que llegó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el informe que se presenta este viernes sobre Venezuela.
La Oficina evalúa la situación del país suramericano desde el 1° de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025, evidenciando un deterioro en el respeto de los derechos humanos, especialmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor sobre el opositor Edmundo González, hoy exiliado en España.
El texto forma parte de las evaluaciones anuales que se presentan en el Consejo de Derechos Humanos en este 59° período de sesiones.
Entre las conclusiones del informe, la Oficina asegura que observó un aumento de las restricciones al espacio cívico, incluida la criminalización y la detención arbitraria, así como las desapariciones forzadas de personas consideradas disidentes. El acceso a la justicia y a la reparación integral de las violaciones de derechos humanos continuó enfrentándose a diversos obstáculos.
La misión de la ONU también llamó la atención sobre la “Operación Tun Tun”, la cual arresta a opositores de manera arbitraria. Dijo que “la detención de las personas en el marco de esta operación” se da solo por el “hecho de haber manifestado su descontento con el resultado electoral en videos o mensajes difundidos a través de las redes o de aplicaciones de mensajería instantánea».
En noviembre de 2024, el Gobierno acordó reanudar su cooperación con la Oficina con efecto inmediato, en virtud de la Carta de Entendimiento. La misión “lamenta el acceso muy limitado que se le ha concedido en el país desde entonces (solo se ha concedido el regreso a un funcionario internacional), lo que afecta su capacidad para desempeñar plenamente su mandato, incluida la supervisión y la presentación de informes, así como la asistencia técnica”.
Por otro lado, entre las recomendaciones, la misión pide derogar o enmendar urgentemente las leyes y normativas que limitan las libertades de reunión, asociación y expresión más allá de las limitaciones permitidas en el derecho internacional, incluida la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro (Ley de ONG).
Con información de AlbertoNews
