El presidente Gustavo Petro canceló su viaje a Francia y lideró un consejo de seguridad extraordinario en Bogotá, luego del atentado que sufrió el precandidato Miguel Uribe. En una alocución, impartió órdenes para avanzar en las investigaciones y reveló detalles de lo que se ha encontrado de manera preliminar.
Petro empezó diciendo que su Gobierno está comprometido en conocer la verdad de estos acontecimientos: “Nosotros queremos, antes que nada, garantizar la más absoluta transparencia del Estado en su competencia para investigar y lograr llegar a los autores intelectuales del intento de homicidio, hasta ahora”.
El jefe de Estado anticipó que un menor de edad es el presunto sicario y se sospecha que habría recibido algo a cambio para materializar el crimen: “Es un menor de edad, está vivo y (fue) capturado por un agente de la Unidad Nacional de Protección”. El adolescente es custodiado y avanzará su proceso de judicialización.
El aprehendido advirtió que dará nombres y el presidente pidió un grupo destacado de detectives para desenredar el caso: “Todos los protocolos de investigación, al máximo nivel, con la más alta calidad profesional, trabajando en equipo entre todas las agencias de inteligencia, en descubrir quién es el asesino intelectual”.
A esta orden se sumó la idea de cruzar fronteras para esclarecer los hechos: “No debe haber recurso que se escatime, ni un solo peso, ni un solo tiempo de energía, para dedicarla exclusivamente a encontrar el culpable intelectual, con su nombre propio, en el lugar donde viva, sea en Colombia, sea en el extranjero”.
Bajo esa premisa, pidió poner la lupa sobre las personas de la Unidad Nacional de Protección que tenían a cargo la seguridad del congresista, quien buscaba en ese momento el visto bueno del partido Centro Democrático para aspirar a la Casa de Nariño: “He ordenado que se investigue a la misma escolta”.
El jefe de Estado agregó: “Siempre que un asesino puede actuar sobre una persona protegida, previamente hay una falla de seguridad. Son servidores públicos, son pagados por el pueblo de Colombia, tienen una manera de hacer las cosas, unos protocolos de seguridad que, indudablemente, en este caso se incumplieron”.
Su sentencia parcial es que “habrá responsables, empezando por los responsables de su seguridad”. Y para acelerar los resultados, ordenó que el Ministerio de Defensa ponga a disposición 3.000 millones de pesos a cambio de información que facilite la judicialización de los responsables de estos acontecimientos.
Con información de Revista Semana
