El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, ha sido citado a declarar ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por la supuesta comisión de un delito contemplado en la llamada ley contra el odio.
La organización defensora de derechos humanos indicó en un comunicado que la citación no aclara el origen y fundamento de la supuesta investigación del Cicpc, ni la cualidad procesal bajo la cual deberá comparecer.
La citación, prevista para el miércoles 20 de noviembre en la sede del Cicpc en la avenida Urdaneta de Caracas, ocurre según Provea en medio de una escalada de abusos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y de amenazas del ministro de Interior, Diosdado Cabello, contra personas y organizaciones que solicitaron una investigación imparcial sobre las circunstancias que rodearon la muerte del activista de Voluntad Popular, Edwin Santos, en el estado Apure.
La organización reiteró además que la llamada ley contra el odio ha servido para procesar e imputar a cientos de detenidos y escalar el crimen de persecución por razones políticas en Venezuela.
Sí acudirá a la citación pese a vicios
La ONG adelantó que su coordinador general acudirá a la sede del Cicpc en la fecha prevista a pesar de los vicios en la boleta de citación que comprometen su validez conforme a lo previsto en la Constitución Nacional y la legislación vigente.
Entre algunos detalles, citados por Provea, el documento carece de información sobre la ciudad y fecha de emisión de la boleta. Además, no posee identificación numérica, según la nomenclatura interna de la delegación policial que la emitió. Asimismo, no está identificado el funcionario legitimado para firmar la citación, con su nombre y cargo, ni posee la firma del mismo.
Provea indica que la citación no señala que se trate de una investigación iniciada por el Ministerio Público, como autoridad competente y ente rector del proceso penal en Venezuela. Tampoco se menciona si Óscar Murillo tiene derecho a ser asistido por un abogado, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Nacional.
En la boleta no se explica la cualidad bajo la cual deberá comparecer el coordinador general de la ONG (víctima, experto, intérprete o testigo), lo que “genera incertidumbre y lesiona el principio de certeza jurídica de los actos administrativos, por cuanto la presunta “citación” -de ser válida como es la pretensión del emisor- encuadraría como acto administrativo, pero viciado de nulidad”, según Provea.
“Pese a todas las irregularidades señaladas, Óscar Murillo, acompañado de todo nuestro equipo, acudirá a esta comparecencia, con la tranquilidad que brinda haber cumplido y seguir cumpliendo nuestro trabajo y con la fuerza moral que brinda saber que defender derechos no es delito y estar al lado de las víctimas, en el terreno y en cualquier circunstancia que nos exija, seguirá siendo nuestro mandato, fielmente cumplido desde hace 36 años”
Fiel a su labor en defensa de los derechos humanos
La organización enfatizó que ninguna circunstancia de amenazas, hostigamiento o actos de persecución por parte de las autoridades venezolanas, apartará a Provea de su labor de acompañamiento a las víctimas, de documentación, investigación y difusión pública de los graves abusos contra los Derechos Humanos en Venezuela.
Según datos de la ONG, 592 ataques contra defensores de derechos humanos ocurrieron en el primer semestre del año -un incremento del 92% comparado al mismo período de 2023.
La muerte de Edwin Santos generó gran repercusión en Apure y Venezuela. Voluntad Popular denunció que el activista, desaparecido desde el 23 de octubre, había sido detenido por agentes del Estado. Dos días después apareció muerto. El director general del Cicpc, Douglas Rico, informó que se trató de un accidente de tránsito en moto al impactar contra un árbol.
Diversas ONG solicitaron una investigación imparcial para determinar las causas del deceso de Santos.
Con información de Provea
